El 29 de mayo de 2023, el presidente del Gobierno de España anunció la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones. Una decisión que paralizó la tramitación de leyes en el Parlamento de España. Entre ellas, la ley de la cadena de transporte de mercancías, que fue promulgada como real decreto a mediados de 2022. Aquí queremos explicar cuáles son los principales cambios que contempla el texto.
La conocida como ley de cadena de transporte aparece articulada en el Real Decreto-Ley 14/2022 y su objetivo, como su propio nombre indica, es el de regular la industria del transporte por carretera y el marítimo. Su fin primordial es evitar que los portes se hagan a pérdida, para lo cual prevé contratos fijados de antemano cuyo precio cubra los gastos y costes mínimos. Una medida clave para garantizar la igualdad en el sector del comercio.
Su fin primordial es evitar que los portes se hagan a pérdida, para lo cual prevé contratos fijados de antemano cuyo precio cubra los gastos y costes mínimos.
Sin duda, el citado es el principal cambio previsto por la ley de cadena del transporte. No obstante, también prevé la creación de un registro o carta de porte en cada envío cuyo valor exceda los 150 euros.
En este documento deben aparecer diversos datos, como es el nombre o denominación social, NIF y dirección del cargador y el expedidor. Lo mismo sucede con el lugar, la fecha y la hora de recepción, la naturaleza de la mercancía y el nombre y localización del receptor.
Pero ¿qué pasa si no se cumple con este requisito y con el resto de los previstos en la norma? La ley contempla sanciones importantes que pueden llegar hasta los 4000 euros.
Por si fuese poco, el Gobierno de España tiene previsto crear una estructura regulada de precios a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Además, la ley recogerá un Código de Buenas Prácticas Mercantiles de Contratación en el Transporte.
Eso sí, esta ley prevé importantes ayudas económicas al sector del transporte de cargas. En total, estarán compuestas por un fondo de 450 millones de euros que se repartirán de forma heterogénea.
Por ejemplo, los conductores de taxis y de VTC optarán a un máximo de 300 euros, mientras que quienes lleven mercancías pesadas en su camión podrán conseguir hasta 1250 euros. No es de extrañar que todos los actores del sector estén aguardando con impaciencia su aprobación y puesta en marcha definitiva.