La introducción del nuevo carné B+ plantea inquietudes importantes sobre sus costes. Se espera que su implementación genere gastos considerables, desde la adaptación de las autoescuelas hasta posibles modificaciones en las normativas y procesos administrativos.

Este cambio podría tener un impacto significativo en la contratación de conductores y en la gestión de las diferentes flotas. Igualmente, hay preocupación sobre cómo esta medida afectará a conductores y vehículos tanto públicos como privados, y si provocará un aumento en la adquisición de algunos más pequeños y menos sostenibles, algo contrario a los objetivos de reducción de emisiones. También se teme que complique aún más el acceso a la profesión de conductor.